López Obrador dijo desconocer el alcance de la acusación para el director de INM por la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez, porque son varios los implicados; sobre solicitarle su renuncia, dijo esperará a los resultados de la indagatoria
Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) informó que ejerció acción penal contra el director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, por el delito de ejercicio indebido del servicio público, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que se está investigando Garduño Yáñez, por el incendio en un centro de detención migratorio en Ciudad Juárez.
El mandatario dijo desconocer el alcance de la acusación para el director de INM por la muerte de 40 migrantes porque son varios los implicados y las responsabilidades
Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, este miércoles López Obrador indicó que aún no conoce cuál es el delito por el que se le investiga.
“No sabemos todavía el alcance o cuál es la acusación en contra de él porque son varios los implicados”, declaró.
Dijo que se espera el resultado de la investigación, para tomar una decisión en pedir su renuncia a Garduño Yáñez funcionario del INM, a quien considero que es un colaborar honesto, pero recordó que también ha fijado desde que tomó el poder, que no se debe proteger a nadie si está de por medio haber cometido un delito.
Francisco Garduño Yáñez como director de INM estaba obligado a preservar la vida de los 40 migrantes que murieron en el incendio registrado el pasado 27 de marzo en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.
La Fiscalía también anunció que va a proceder contra el Director General de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina Díaz y el Delegado de Migración en Chihuahua, el contraalmirante Salvador González Guerrero.
Mediante un comunicado, la FGR explicó que Garduño y Molina serán imputados por incurrir en presuntas conductas delictivas que propiciaron la muerte de 40 migrantes en una estación migratoria, por lo que se configura una violación al artículo 214, fracción VI del Código Penal Federal.
De acuerdo con la norma invocada, el funcionario incurre en el delito de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad descrita, cualquier funcionario que “teniendo obligación por razones de su empleo, cargo o comisión, de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, incumpliendo su deber, en cualquier forma, propicie daño a las personas, o a los lugares, instalaciones u objetos, o pérdida o sustracción de objetos que se encuentren bajo su cuidado”.
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Las penas previstas en el Código Penal Federal para este delito van 2 a 7 años de prisión y no amerita prisión preventiva oficiosa, por lo que el Comisionado Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, y al menos uno de sus subordinados podría enfrentar su proceso penal en libertad, a menos que la FGE solicite prisión preventiva justificada, argumentando riesgo de fuga.
Por lo que se refiere a otros servidores públicos, la FGR también anunció la determinación de proceder contra cuatro servidores públicos directamente relacionados con los delitos de homicidio y lesiones, incluyendo al delegado de Migración en Chihuahua.
Se ha procedido penalmente contra los servidores públicos que se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas de estos delitos, señala el comunicado de la FGR.
La dependencia afirmó que durante la investigación por la muerte de 40 migrantes y las lesiones que sufrieron otras 25 personas, se encontró que los directivos de Migración incurrieron en un patrón de omisiones que afectaron la seguridad de sus instalaciones.
La FGR agregó que dichas omisiones ya habían costado la vida a un migrante en Tenosique, Tabasco, el 31 de marzo del 2020, cuando se presentó un caso semejante en otra estación migratoria. Además, la Fiscalía reportó que Garduño también hizo caso omiso de diversas faltas y omisiones señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Además, la Fiscalía advirtió que los contratos de vigilancia celebrados por la empresa CAMSA y el Instituto Nacional de Migración se suscribieron violando la obligación legal de realizar una licitación pública, ya que la adjudicación directa a la citada compañía de seguridad privada generó “costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios”.
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