La fiscalía señala que el expresidente intentó romper el orden constitucional y con su pretensión de disolver el Congreso afectó la separación de poderes
Mediante un comunicado, la Fiscalía General de la Nación informó mediante comunicado que Castillo será procesado por “quebrantar el orden constitucional”. Señala que el delito se encuentra en el artículo 346 del Código Penal, que dice:
“El que se alza en armas para variar la forma de gobierno, deponer al gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de veinte años”.
La diligencia de detención se llevó a cabo en la Prefectura de Lima y fue supervisada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas.
Estuvieron a cargo del procedimiento de detención, el fiscal adjunto supremo Marco Huamán Muñoz, del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación; y la fiscal superior Marita Barreto Rivera, del Equipo Especial Contra la Corrupción del Poder.
También se detalla que, como parte de la diligencia, “se realizó al detenido el reconocimiento médico legal sobre su estado de salud actual, a cargo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público”.
Benavides Vargas leyó un pronunciamiento de la Junta de Fiscales Supremos en el que expresaron su rechazo al “quebrantamiento del orden constitucional”.
“Ninguna autoridad puede ponerse por encima de la Constitución y debe cumplir sus mandatos constitucionales”, señaló el comunicado.
