Participaron especialistas, representantes ejidales y de pueblos indígenas, así como promotores culturales
Ciudad de México, 21 de febrero de 2022.– El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, expresó que el tema del foro “Usuarios, Pueblos Indígenas y Electricidad” es importante para la Cámara de Diputados.
Enfatizó que es cierto que la reforma de 2013 no habla de cómo solucionar este conflicto con las comunidades y de la electricidad distribuida, pero tampoco lo hace la que se analiza actualmente en este Parlamento, por lo que, “La presencia de las y los ponentes nos deja muchas cosas interesantes por reflexionar”.
Sistemas aislados deben incluirse en la reforma
Jaqueline Valenzuela Meza, fundadora y directora ejecutiva del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental A.C-La Paz, Baja California Sur, consideró importante atender a los usuarios de los sistemas aislados que existen en Baja California Sur; es el único estado que cuenta con dos sistemas aislados que no están interconectados a la red del Sistema Eléctrico Nacional.
Añadió que se calcula que en la entidad hay 63 comunidades que ascienden a una población de 4 mil 411 personas que siguen sin contar con el servicio de electricidad y no están conectadas a la red.
Por ello planteó establecer un esquema de democratización de la energía, instalar techos solares en comunidades rurales con esquemas justos de financiamiento, implementar microredes comunitarias de generación de electricidad a cargo de cooperativas o ejidos para el fomento de actividades productivas, y crear entidades locales para el mantenimiento y sustitución de los sistemas de generación de electricidad en comunidades.
José Abel Manuel Carrasco, ingeniero mecánico en térmicas hidráulicas y representante de ejidatarios de La Venta, Juchitán, Oaxaca, expuso que las empresas transnacionales los discriminan y despojan de sus derechos y tierras al utilizar sus parcelas para generar energía eléctrica sin recibir un pago a cambio.
Por ello consideró que es tiempo de aprobar la reforma eléctrica para que sean considerados con las comunidades indígenas y campesinas y se repare el daño que han causado a los proyectos eólicos.
Detalló el problema que enfrentan los ejidatarios con la empresa española Acciona, que se niega a pagar el usufructo de las tierras para generar energía eléctrica a través del viento, donde la empresa contrató dos mil 600 hectáreas en el ejido para construir un parque eólico con capacidad de 250.5 megawatts.
Solicitó la intervención de los gobiernos Federal y estatal, de las y los diputados federales y estatales de todas las corrientes políticas para evitar que continúe el despojo de tierras y la violación de los derechos.
A su vez Manuel Gómez Herrera Lasso, director ejecutivo en Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica A.C, expresó que en la iniciativa y en la discusión se ha hablado poco de la generación distribuida, no se ha dicho cuáles son las políticas públicas que se plantean para su instalación y operación.
Agrego que es necesario definirla con claridad, pues es la generación de energía eléctrica a pequeña escala, menos de 500 kilowatts.
Además, precisó, es necesaria para suministrar electricidad a las comunidades alejadas de la red, entre las que se encuentran muchos pueblos indígenas y tiene múltiples ventajas, como es reducir las pérdidas de energía del sistema.
Hizo votos por impulsar la generación distribuida de manera ordena y sin desatender la confiabilidad del sistema y regulando la calidad de los componentes y de la instalación.
Queremos tarifas preferenciales y condonación de adeudos, señaló Magdalena Morales García, activista y promotora cultural de Chiapas.
No es justo que la condonación se les dé a empresas transnacionales, mientras que los pueblos originarios han perdidos sus tierras y no reciben ningún beneficio. Pedimos a los diputados que pongan énfasis en esta iniciativa, agregó.
Mario Castillo Quintero, en representación de la Red de Pueblos y Energía de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, argumentó que han sido dejados a un lado en esta discusión.
La reforma eléctrica es urgente y necesaria, pero debe ser mejorada.
Afirmó que se debe reconocer y reparar la profunda deuda que el Estado tiene con los pueblos y comunidades, ya que el desarrollo de dicho sector “se ha basado en la explotación de recursos ubicados en gran medida en territorio de comunidades indígenas, campesinas y afromexicanas; sin embargo, los beneficios se han concretado en zonas urbanas y clases dominantes, mientras los impactos los sufren nuestras comunidades”.