Diputados de Morena, Partido del Trabajo y Nueva Alianza coinciden en abatir la violencia obstétrica y suscriben la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 5
Con la finalidad de involucrar a los diferentes niveles del sistema de salud y sus respectivos componentes, diputados locales de Morena, del Partido del Trabajo (PT) y de Nueva Alianza, sometieron a consideración del Pleno del Congreso estatal una iniciativa que reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo.
José Antonio Hernández Vera, diputado local de Morena, en la exposición de motivos explicó que la violencia obstétrica se refiere a una forma específica de violación a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres, incluyendo los derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la integridad, a la salud y a la autonomía reproductiva.
La violencia obstétrica, indicó, se genera en el ámbito de la atención del embarazo, parto y puerperio en los servicios de salud, públicos y privados, y es producto de un entramado multifactorial en donde se relacionan la violencia institucional y la violencia de género.
Señaló la concurrencia de múltiples factores que incluyen violencia de género, violencia institucional, deficiencias estructurales y organizacionales que impiden una atención universal y oportuna a servicios de atención obstétrica con estándares adecuados de calidad.
Queda claro -dijo- que se trata de acciones y omisiones que involucran en diferentes niveles de responsabilidad al sistema de salud.
Añade que, sin embargo, en las Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de los Estados de la República Mexicana que han incluido el término pareciera que es el personal de salud, particularmente el médico, quien por acción y omisión intencional o por negligencia, daña, lástima o denigra a las mujeres embarazadas.
Detalló que de acuerdo con la redacción de estás leyes, el médico actúa con la intención deliberada de provocar daño físico o psicológico en sus pacientes hasta demostrar lo contrario, lo cual nos parece es una forma errónea de interpretar y buscar solución al problema.
«Sin hacer de lado la responsabilidad de quienes incurren en prácticas abusivas en contra de sus pacientes, muchos de los problemas éticos y jurídicos que se desprenden de estas situaciones no proviene exclusivamente del profesional médico, sino de la forma de organización de los servicios y de todo el personal de salud, incluso administrativo que forma parte de este», apuntó.
Destacó que, para superar los defectos institucionales que están en la base de muchas quejas de la población usuaria de los servicios de salud, la ética pública debe afrontar tanto la promoción de la ética institucional como el control de las políticas públicas y las formas en las que se construyen las relaciones entre el sistema de salud y las exigencias y necesidades de la población.
Hernández Vera enfatizó que en las mesas de trabajo con la presidenta del Colegio Hidalguense de Especialistas en Ginecología y Obstetricia y con la presidenta del Colegio Médico Hidalguense, se escucharon las intenciones y propuestas en el tema de coadyuvar en mantener una atención de calidad de las mujeres que cuestan el periodo de embarazo, parto y puerperio.
