Se trata de Leonel Ramírez Farias, quien se ostenta como coordinador de asesores del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Utiliza su nombre para presionar a la Fiscalía capitalina para que actúe en contra de su ex exposa que lo denunció, la abogada Ingrid Tapia.
Ciudad de México, 25 de octubre de 2022.- Luego de la última manifestación que realizaron el pasado 28 de septiembre el Colectivo del Caso 992 denunciaron el recrudecimiento de la violencia institucional que ejercen hombres presuntamente influyentes, exfuncionarios públicos, empresarios y particulares, como parte de la violencia vicaria, en contra de las mujeres.
Ejemplo de ello es Leonel Ramírez Farías, que se ostenta como coordinador de asesor del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O y utiliza su nombre para presionar a la fiscalía capitalina para que se ejerza acción legal en contra de su ex esposa, madre de familia y líder del colectivo caso 992, Ingrid de los Ángeles Tapia con el propósito de presionarla legalmente, intimidarla a través de demandas legales, y obligarla a que se desista de las denuncias por violencia vicaria que hay en contra del presunto funcionario federal.
A las afueras de la fiscalía de la Ciudad de México, en donde realizaron una manifestación pacífica para luego ser recibida por el secretario particular de la fiscal Ernestina Godoy Ramos, quien la canalizó con el director de Control de Gestión Fernando Alfonso Lugo, le entregaron el documento de denuncia del recrudecimiento de la violencia institucional que ejercen hombres presuntamente influyentes, ex funcionarios públicos, empresarios y particulares como parte de la violencia vicaría en contra de las mujeres, que a su vez se comprometieron a darle puntual seguimiento a su caso.
“Aquí estoy, no evado la justicia, soy abogada constitucionalista y ésta es mi dirección y mi número de celular; no me escondo ni evado la ley, a pesar de las denuncias en mi contra que son parte de esa violencia institucional que se ejerce desde el poder público para revictimizar a las mujeres que sufren violencia vicaria” dijo Ingrid Tapia.
Posteriormente caminaron, de forma pacífica hacía Palacio Nacional, donde se encuentran las instalaciones de la secretaría de Hacienda en donde la abogada Ingrid Tapia fue recibida por Jonathan Luna Fuentes de participación ciudadana de presidencia a quien le manifestó las mismas causas y denunció al funcionario y su exesposo Leonel Ramírez Farias.
Concluyeron en la secretaria de la Función Pública hasta donde entregaron la denuncia a Claudia Elizabeth Arriaga Sánchez directora de Asesoría y Consultas de la dependencia de la Subsecretaria de Responsabilidades y Combate a la Impunidad Unidad de Denuncias e Investigaciones quién se comprometió a analizar el caso de Leonel Ramírez Farías -del que se sabe, hasta hace poco coordinador de asesores del secretario de Hacienda- y quién en su trayectoria ha cometido malversación de fondos para lo cual se entregaron las pruebas necesarias.
De acuerdo con un documento entregado por el Colectivo 992 a la Fiscalía y la secretaria de la Función Pública, se señala a Leonel Ramírez Farías presuntamente de haber falsificado documentos públicos, hecho uso indebido de atribuciones e incluso cometido actos de peculado por lo que se exige una investigación respecto a tales ilícitos.
La violencia vicaria es la violencia que se ejerce a través de los hijos para dañar, afectar y vulnerar los derechos humanos de las mujeres, madres de familia, en condición de vulnerabilidad. Esta conducta esta penalizada en México. La violencia vicaria encierra todos los tipos de violencia: física, sicológica, económica, alimentaria.
A esto se suma la violencia institucional que revictimiza a las víctimas ya de por sí afectadas y dañadas en su patrimonio, en su persona, en su integridad, en sus hijos, en sus padres. Es una forma de encubrir la violencia vicaria, que encierra todos los tipos de violencia mencionados.
Leonel Ramírez Farías evade su responsabilidad como deudor alimentario de sus hijos, a quienes abandonó hace años, y de esconderse de las autoridades y mentir sobre sus bienes, salarios y patrimonio, para no otorgar pensión alimenticia.
