Apenas el pasado 15 de septiembre, se creía que Félix Gallardo podría festejar el Grito de la Independencia de México en su residencia de Zapopan, luego de que un juez le otorgara el cambio de medida cautelar y se autorizara que cumpliera el resto de su condena de 40 años en una casa del Fraccionamiento Ciudad del Sol
23 de septiembre de 2022.- Miguel Ángel Félix Gallardo, el “Jefe de jefes”, se mantendrá encerrado en el penal estatal de Puente Grande, luego de que se argumentara una revisión sobre el brazalete electrónico que debe portar para garantizar su paradero en una casa de Zapopan.
De acuerdo con las autoridades penitenciarias de Jalisco, la orden fue recibida por el Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales, pues la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó enviar al fundador del Cártel de Guadalajara a una cárcel en Morelos y subsanar fallas referentes al dispositivo de geolocalización.
La notificación, donde se informa el aplazamiento de la salida de Félix Gallardo, fue recibida alrededor esta tarde en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social de Jalisco.
La semana pasada, esta misma dependencia reportó que la audiencia continuaría la tarde de este viernes y así dar trámite al traslado del Jefe de jefes.
Pero ahora se ha actualizado que la FGR pidió el cambio carcelario, donde serían revisados faltas de la empresa que supervisará el brazalete electrónico. Sin embargo, el juez negó la solicitud de la dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero, pero aplazó el beneficio de prision domiciliaria hasta que sean resueltas las fallas alegadas.
El Juez Séptimo de Distrito negó el traslado a un Cefereso, pero pospuso la medida hasta que se subsanen las fallas de la empresa supervisora del brazalete electrónico, sin fecha definida por el momento.
La audiencia fue suspendida porque la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no contaba con garantías óptimas de personal que custodiarían el traslado.
La abogada del Jefe de jefes, Teresa Vallejo Pérez, denunció ante la prensa que su cliente fue retenido injustamente, pues mandos de la Guardia Nacional evaluaron que no había riesgos, aprobaron el geolocalizador y contaban con elementos suficientes para realizar el traslado.
Vallejo Pérez acusó que nuevamente sometieron a la desesperanza a su representado, luego de engañarlo con que podría ser liberado. Alegó que era una cuestión política de Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSPC, y si el Jefe de jefes moría en la cárcel, ella sería la principal funcionaria responsable.
Para la representante legal del Jefe de jefes, la prórroga solicitada por la secretaria federal lo condenó a la muerte y responde a los procedimientos de un Estado totalitario. Además, consideró que el aplazamiento de la audiencia podría entenderse como un acto de tortura que podría agudizar el cuadro de depresión que padece su representado para terminar con su vida.
