A iniciativa del diputado Octavio Magaña del Partido Verde Ecologista de México, se pretende que se considere una falta administrativa grave no contar con este estudio pues la población de 59 Municipios vive permanentemente en riesgo
Pachuca, Hgo.- El diputado Octavio Magaña presentó una iniciativa de ley para modificar diversos artículos y fracciones de la Ley Orgánica Municipal a fin de que los 84 Ayuntamientos cuenten con su Atlas de Riesgo el cual debe contener de manera clara y precisa todos los puntos de riesgo a los que se estarían enfrentando y sus alternativas para atenderlos previo, durante y después una contingencia.
De acuerdo con el diputado del Partido Verde, al no existir este documento y que se actualice conforme las mismas condiciones lo requieran, los Ayuntamientos cometen una falta administrativa grave pues la población vive permanentemente en riesgo sin saberlo.
De ahí que su propuesta busque que se tipifique como delito o falta grave a los Ayuntamientos que sean omisos en ese sentido.
Actualmente solo 25 de los 84 Municipios tienen un Atlas de Riesgo, el resto, 59 no y estos han sufrido contingencias que han costado millones de pesos en pérdidas en infraestructura, caminos y viviendas.
En otros temas, el diputado del Partido del Trabajo, Osiris Leines Medécigo, consideró como una acción de discriminación el impedir el acceso a un espacio público o privado a las personas acompañadas de algún animal de asistencia, por lo que propuso hacer modificaciones a la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Eliminar la Discriminación en cualquiera de sus formas sobre todo cuando se trate de personas que sufren algún impedimento físico para valerse por sí mismas.
Finalmente, otra iniciativa relevante que abordaron los diputados que forman parte de la mesa directiva del mes de agosto, fue la que propuso la diputada priista Citlalli Jaramillo, quien pidió reformar la Ley de la Juventud con el propósito de incluir a los jóvenes en el ámbito político, social, económico y cultural de Hidalgo y México.
Dijo que es necesario que se fortalezcan las políticas, programas y estrategias de desarrollo integral mediante prerrogativas en el derecho a la vivienda y el acceso a las tecnologías de la información y comunicación para darles la oportunidad de desarrollo.
