Necesario fortalecer a las comunidades rurales para combatir el cambio climático

Son los principales actores de la cadena productiva agropecuaria, desde los recursos naturales y la reducción de la huella carbono, hasta la comercialización mundial, se indicó en Foro Nacional

 

En el marco del Foro Nacional: Seguridad Alimentaria y Cambio Climático, organizado por las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural y de Economía, con la colaboración del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), funcionarios y expertos expusieron retos y oportunidades del sector agropecuario ante el cambio climático.

Se indicó que es necesario fortalecer y replantear las agendas en torno a los territorios rurales, ya que estos son los principales actores de la cadena productiva agropecuaria, desde los recursos naturales y la reducción de la huella carbono, hasta la comercialización mundial, afirmaron funcionarios y expertos.

La gerente del Programa de Cambio Climático, Recursos Naturales y Gestión de Riesgos del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Kelly Witkowski, destacó que la agricultura es el motor de crecimiento y desarrollo en América Latina y el Caribe.

Dijo que la región es garante de la seguridad alimentaria y nutricional del mundo, ya que contribuye con alrededor de 27 por ciento de las exportaciones agroalimentarias y ocupa primeros lugares en exportación de frutos tropicales, café, raíces, tubérculos, oleaginosas y cereales, entre otros.

“No podemos lograr las metas del sector sin enfrentar el cambio climático, hoy el balance es negativo, por lo que la adaptación y resiliencia de gobiernos, productores y sociedad son esenciales para hacer frente a este fenómeno”, señaló Witkowski.

Expresó que no es posible que un país por si solo pueda hacer frente al cambio climático, por lo que se necesitan agendas multilaterales para reducir las emisiones de carbono en 45 por ciento para 2030, y llegar a la neutralidad de carbono en 2050.

El oficial de Políticas de Desarrollo Territorial de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para América Latina y el Caribe, Luiz Carlos Beduschi, sostuvo que sin territorios rurales más incluyentes y sostenibles no se lograrán los Objetivos Globales 2030.

Consideró necesario profundizar en el concepto sociopolítico y económico de territorio rural para lograr una agenda de trabajo encaminada a visibilizar, fortalecer y desarrollar proyectos de la mano con este sector.

Refirió que las personas que habitan en el campo tienen menor acceso a activos, recursos productivos, servicios, tecnología e infraestructura, lo que las hace más vulnerables al cambio climático.

El investigador del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Walter Oyhantcaba, realizó un balance sobre la Labor Conjunta de Koronivia sobre la Agricultura (KJWA) y destacó que se trata de una decisión histórica adoptada en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), pues es el único programa que se centra en la agricultura y la seguridad alimentaria.

Oyhantcabal subrayó que esta decisión en 2017 guarda relación con el mandato básico de la FAO de eliminar el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición, reducir la pobreza rural y lograr que la agricultura, la actividad forestal y la pesca, sean más productivas y sostenibles.

El coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático (PINCC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Francisco Estrada Porrúa, expuso que el sector primario enfrenta la pérdida de rendimientos, lo que generará que se extienda la frontera agrícola, provocando problemas socioeconómicos.

El también investigador de la UNAM refirió que de no atender las causas del cambio climático, diversos países sufrirán afectaciones directas en su capacidad de producir alimentos, además de encarecimiento en la atención a los siniestros como inundaciones, incendios forestales y sequías.