Arremete la jefa de gobierno contra la empresa consultora Det Norske Veritas DNV, por los resultados presentados en el tercer reporte sobre las causas que provocaron el desplome de tren de la línea 12 del metro
Ciudad de México, 05 de mayo de 2022.- “Es un informe deficiente, mal ejecutado, con problemas técnicos, tendencioso y falso”, acusó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, ante los resultados del tercer informe sobre el colapso de la Línea 12 del Metro, entregado por la empresa de origen noruego Det Norske Veritas (DNV), contra la que dijo ya inició una demanda civil por posible conflicto de interés.
En conferencia de prensa Sheinbaum señaló que se detectó dentro del equipo de DNV a un abogado que ha litigado en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, en 2012, por razones electorales y que en su historial aparece que fue colaborador del expresidente Enrique Peña Nieto, cuando fue gobernador del Estado de México.
Proclamo que “es parte del uso que hacen los adversarios, que no tiene ninguna moral, ninguna ética”, agregó que “es un caminito que está ligado a “mexicanos por la Corrupción”.
Justo al año y un día después del desplome en el tramo Olivos y Tezonco de la Línea 12 del Metro, la consultora hizo entrega del tercero y último reporte de la auditoría solicitada por el gobierno de la Ciudad de México.
A su vez la empresa DNV informó que el reporte del Análisis Causa Raíz (RCA), se hizo con la metodología RCA acordada, a través de un comunicado, niega que existiera un conflicto de interés, “este reporte final fue entregado en completo apego a los requisitos del contrato y a estrictos procesos internos de calidad”.
En los dos primeros peritajes de la empresa DNV se asientan fallas en la construcción de la obra, y en el segundo, se agregan fallas en el diseño.
Sus conclusiones de ingeniería forense se filtraron antes de presentarse formalmente y levantaron polémica al señalar problemas de origen en la obra, construida durante la Administración de Marcelo Ebrard, actual secretario de Relaciones Exteriores.
Tras aplazar su publicación en tres ocasiones, el segundo informe ratificó en septiembre pasado las fallas en la construcción y dejó de lado problemas en el mantenimiento como origen de la tragedia.
Cabe destacar que estos reportes se suman a los estudios que ha realizado la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La Fiscal Ernestina Godoy dijo el 2 de mayo pasado, que “el colapso fue originado por diversos errores en su construcción y el diseño presentaba deficiencias que ponían en riesgo la estabilidad estructural a largo plazo de la obra.”
Cabe recordar que, en el Gobierno de Miguel Ángel Mancera, se había cerrado la Línea 12 entre marzo de 2014 y finales de 2015 bajo el argumento de fallos en la construcción.
Tras el desplome del tramo elevado de la Línea 12 del Metro que provocó la muerte de 26 personas y más de 100 heridas el 3 de mayo de 2021, el Gobierno de la Ciudad de México se comprometió a investigar las causas reales del hecho y sancionar a los responsables.
Como es sabido, en cuatro ocasiones la Fiscalía ha intentado imputar a ocho exfuncionarios del gobierno capitalino y a dos representantes legales de personas morales, pero la audiencia se ha pospuesto por diversos motivos y se espera que sea el 6 de junio próximo cuando se lleve a cabo.
Hasta el momento no se han fincado responsabilidades, mientras que la Fiscalía ha hecho varios llamados para que las víctimas se sumen a un acuerdo reparatorio con Grupo Carso, del multimillonario Carlos Slim, quien tuvo a cargo de la construcción de la Línea 12 del Metro, el cual se ha deslindado de cualquier responsabilidad con respecto al colapso.
Al año de los hechos la jefa de gobierno de la Ciudad de México, en un mensaje enviado por Twitter, respecto a las investigaciones que lleva a cabo la fiscalía local comentó que «después de presentar una investigación científica, profesional y detallada, en aras de garantizar justicia expedita determinó que, en vez de emprender un largo camino de juicios, era necesario facilitar el proceso de reparación integral que permite el propio sistema penal; claro, siempre de acuerdo con cada una de las víctimas».
