Congreso de Hidalgo avala reformas sobre prisión preventiva, simplificación orgánica y seguridad pública
El Congreso de Hidalgo aprobó tres minutas constitucionales enviadas por el Senado de la República en materia de prisión preventiva oficiosa, simplificación orgánica y seguridad pública, siendo esta última avalada por unanimidad en el pleno.
Prisión preventiva oficiosa ampliada
Con 23 votos a favor de Morena y sus aliados, el Congreso de Hidalgo respaldó la reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para ampliar el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa.
Esta medida será aplicada a casos de extorsión, actividades relacionadas con drogas sintéticas como el fentanilo, contrabando y el uso de comprobantes fiscales falsos.
Las reformas buscan reforzar la capacidad del sistema judicial para actuar de manera inmediata ante estos delitos.
Simplificación de organismos autónomos
En el ámbito de simplificación orgánica, se avaló la fusión de diversos organismos autónomos con dependencias gubernamentales:
- MEJOREDU será absorbido por la Secretaría de Educación Pública (SEP).
- CONEVAL pasará al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
- Las funciones del INAI serán transferidas a la Secretaría de la Función Pública (SFP).
- La CNH y la CRE quedarán bajo la Secretaría de Energía (SENER).
- COFECE será incorporada a la Secretaría de Economía (SEECO).
- El IFT será parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Estas modificaciones buscan optimizar recursos y evitar duplicidades en las funciones del gobierno.
Seguridad pública reforzada
Por unanimidad, el Congreso aprobó reformas en materia de seguridad pública, que fortalecen las atribuciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Estas medidas dotan a la dependencia de herramientas jurídicas para participar de manera más efectiva en la investigación de delitos, con el objetivo de mejorar la seguridad en el país.
Así el Congreso de Hidalgo se suma a los esfuerzos federales para ajustar el marco legal en áreas prioritarias, respondiendo a retos de seguridad, justicia y eficiencia gubernamental.
