Al menos 17 estados deben declarar su constitucionalidad para ser publicada en el DOF
La Cámara de Senadores aprobó en lo general y en lo particular la reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a la prisión preventiva oficiosa que considera a la extorsión, el tráfico de fentanilo y a las actividades relacionadas con la falsificación de comprobantes fiscales como delitos que ameritan su aplicación.
El dictamen recibió 94 votos a favor y 34 en contra, por lo que alcanzó la mayoría calificada que se requiere para su aprobación.
La asamblea rechazó en lo particular las reservas para modificar el proyecto que presentaron senadores del PAN, PRI, MC y Morena.
De esta manera, los artículos reservados fueron avalados en los términos del dictamen, con 93 votos a favor y 35 en contra, y el proyecto fue remitido a los congresos estatales para su consideración.
Durante el debate, que se desahogó en seis horas y media, los Grupos Parlamentarios de Morena, PVEM y PT, recalcaron que estos cambios permitirán proteger a la ciudadanía de delitos que han aumentado en los últimos años.
Durante la discusión, los senadores opositores resaltaron que esta medida es violatoria a los derechos humanos y afectará a los más pobres.
El senador de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, afirmó que la prisión preventiva oficiosa no sirve y el oficialismo cree que ampliar la prisión preventiva oficiosa es una buena salida para resolver la delincuencia y la impunidad.
“Nosotros sostenemos que la prisión sin juicio es un error y afecta a la gente en general, pero sí a la gente más pobre. Es poco efectiva o es prácticamente ineficaz la prisión preventiva oficiosa porque no acaba con la delincuencia y porque en realidad no combate la impunidad”, detalló.
Por su parte, la senadora del PRI, Cristina Ruiz Sandoval, afirmó que su partido está a favor de todo aquello que ponga a los extorsionadores y delincuentes del crimen organizando en la cárcel, pero violando derechos humanos no es la solución.
Por Morena, Lucía Trasviña Waldenrath defendió que la prisión preventiva es una medida para proteger a las víctimas, mientras que las nuevas disposiciones constitucionales cerrarán la puerta impunidad y evitarán que quienes cometen delitos graves como la extorsión y el tráfico de drogas, sigan dañando a las comunidades, “es una medida excepcional, sí, pero indispensable”, subrayó.
Francisco Javier Ramírez Acuña aclaró que su bancada, el PAN, está de acuerdo con la figura de la prisión preventiva, siempre y cuando sea justificada y se encuentren elementos para garantizar la aplicación de la justicia; no obstante, enfatizó: “no podemos avalar con nuestro voto el poder de las fiscalías de encarcelar a cualquier ciudadano víctima de la invención de delitos, de la fabricación de carpetas de investigación, de la siembra de pruebas falsas o de denuncias anónimas”.
Karla Guadalupe Toledo Zamora, del PRI, dijo que la figura de prisión preventiva oficiosa “desvirtúa el principio de la justicia” y, en la práctica, castiga a quienes aún no han sido declarados culpables, además de que contradice las recomendaciones de organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ser arbitraria y violatoria a las garantías individuales.
Por el PT, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre destacó que con esta reforma se fortalecen las disposiciones para enfrentar delitos de alto impacto como la extorsión, que en los últimos años ha mostrado un incremento “alarmante”; según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, expuso, en 2022 se registraron más de 10 mil casos de este ilícito.
