La Polémica medida transfiere funciones clave a Secretarías de Estado
Este martes 26 de noviembre, el Senado de la República comenzó la discusión de la reforma constitucional que extinguirá siete organos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
La propuesta, presentada en febrero por el expresidente López Obrador, ya fue aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados.
La reforma busca redistribuir las funciones de los organismos eliminados entre dependencias del gobierno federal. Por ejemplo, las tareas del INAI pasarían a la Secretaría de Gobernación, mientras que las del Coneval podrían ser transferidas al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En el caso de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), se plantea su fusión en un nuevo órgano descentralizado adscrito a la Secretaría de Economía.
Preocupaciones y llamados de alerta
Varios organismos afectados han manifestado su oposición. El Coneval advirtió que trasladar sus funciones al Inegi pone en riesgo la credibilidad de las cifras sobre pobreza y la evaluación de políticas sociales.
En un comunicado, Coneval señaló que esta decisión podría afectar la delimitación de zonas prioritarias para programas sociales y la generación de evidencia crucial para el diseño de políticas públicas.
Por su parte, comisionados y funcionarios de otros organismos han pedido al Congreso reconsiderar la reforma, ofreciendo incluso recortes presupuestarios como alternativa.
Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó cambios, argumentando que la propuesta ya está en etapa legislativa avanzada.
Implicaciones de la reforma
El Coneval subrayó la necesidad de garantizar la independencia técnica en las leyes secundarias y de respetar los derechos laborales de sus 200 trabajadores.
Además, solicitó que se aseguren los recursos para cumplir con actividades fundamentales en 2024 y 2025, como la medición de pobreza municipal y la asignación de fondos del Ramo 33 para estados y municipios.
La reforma ha generado un intenso debate político y social, con voces que destacan el riesgo de concentrar funciones clave en el gobierno federal, mientras que los defensores de la medida aseguran que busca reducir la duplicidad de funciones y generar ahorros significativos.
La decisión final del Senado podría marcar un cambio histórico en la estructura administrativa del país.
