Hay revuelo en Hidalgo. Prácticamente, desde los primeros días del presente año se han presentado manifestaciones públicas y bloqueos de diferentes sectores de la población, desde campesinos exigiendo apoyo al campo o la pavimentación de caminos y carreteras; colonos exigiendo agua potable, o bien transportistas instando a la aplicación de la ley, seguridad y respeto a su fuente de trabajo; igualmente, hemos visto en la calle a padres de familia pidiendo atención para las escuelas de sus hijos o el pago de profesores; también se ha visto a músicos, comerciantes, etc. Asimismo, hemos sido testigos de la toma de las instalaciones del Congreso del Estado y, en los días que corren, de manifestaciones de grupos de estudiantes de diferentes institutos de la UAEH. Así que, la interrogante que algunos observadores se plantean, tiene base: ¿hay signos de ingobernabilidad?
Las causas pueden ser, desde mi punto de vista, diversas, aunque algunas más visibles que otras, una de ellas, y quizás más importante: la falta de atención a los problemas de servicios básicos, educación, salud e infraestructura carretera de cientos de comunidades y colonias en el estado; el desempleo, el alza de los niveles de inseguridad y de violencia y la caída en los niveles de bienestar de la población por la crisis económica y su consecuente alza de precios de los productos de la canasta básica, el gas y la energía eléctrica.
En Hidalgo, como sabemos, la pobreza es un problema ancestral: de acuerdo con datos del CONEVAL, entre 2018 y 2020 el número de personas en situación de pobreza se incrementó en casi 54 mil, al pasar de 49.5 a 50.8 %; y, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), correspondiente al trimestre abril-junio de 2023, el 71.7 por ciento de la población ocupada en Hidalgo pertenece al sector informal, es decir, un millón 042 mil 838 personas trabajan en el sector informal (solo 411 mil tienen empleo formal). Asimismo, 67 de cada 100 hidalguenses no tienen acceso a seguridad social. Así que, el reclamo permanente para que se cumplan acuerdos o promesas de campaña para mejorar los niveles de vida de la población son permanentes y justos.
Y si hablamos de la inseguridad y los hechos de violencia, los datos son para nada alentadores, aunque sean menores a otras entidades del país.
“El reporte federal refiere que, de enero a diciembre del año anterior, en la entidad fueron denunciados 274 homicidios dolosos, lo que representa un incremento de 13.6 por ciento, en comparación con 2021, cuando se iniciaron 241 carpetas de investigación por este delito.” Es decir, en promedio, en 2022 se registraron 22.8 homicidios dolosos por mes y de enero a junio de 2023, promedian 26.6: “Durante los primeros cinco meses del año, en Hidalgo se han registrado 133 homicidios dolosos, de acuerdo con el reporte diario en la materia, emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)” (Criterio Hidalgo, 6 de junio de 2023).
Y las otras razones, más específicas, también las conocemos los hidalguenses: estamos ya en un nuevo proceso electoral y, como cada vez que se nos presentan elecciones en el estado, saltan a la palestra un sin fin de intereses y candidatos, que muchas veces e inescrupulosamente usan las necesidades de la población para convocarla a una manifestación o bloqueo de vialidades y de esa manera hacerse presentes o visibles y “enseñar músculo” en busca de una candidatura. Y, por otro lado, cada vez que tenemos cambio de administración estatal, necesariamente, de acuerdo con los cánones de la política mexicana, se presenta un reacomodo de las fuerzas políticas de la entidad y, quizás, en algunos casos hasta una voraz ansia para querer controlarlas y someterlas y para ello, igualmente, echan mano de recursos poco honestos y legítimos. La historia nos ha demostrado que siempre se pretende, en primer lugar, controlar y copar los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), a líderes de partidos, organizaciones e instituciones públicas y privadas, así como sindicatos, confederaciones, universidades, etc. En Hidalgo las aguas están revueltas, ¿ingobernabilidad? ¿Manifestaciones calculadas o con mano negra o con otros intereses que no son los visibles? El tiempo nos dará la respuesta.
Por lo pronto, y en lo que toca al Movimiento Antorchista, he de decir que todas nuestras demandas son completamente justas y legítimas y que hasta el día de hoy no hemos encontrado un gobernador con sensibilidad y disposición de escucharnos y atenderlas; por lo tanto, continuaremos insistiendo y haciendo uso de nuestros derechos constitucionales y de manifestación pública.
