Profepa sí puede conocer de los contenidos solicitados, señala la Comisionada Presidenta del INAI Blanca Lilia Ibarra Cadena

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dar a conocer detalles sobre la tala ilegal en el bosque del Ajusco y en la zona boscosa de San Miguel Topilejo, en la Ciudad de México, incluyendo cantidad de árboles talados, superficie afectada, materiales sustraídos, personas detenidas por ese ilícito y si hay policías entre éstos, de 2018 a 2022.

Recordó que la problemática que aborda adquiere la mayor centralidad si “consideramos que desde el año 2018 México se adhirió al Acuerdo de Escazú, un instrumento vinculante que obliga a todas las instituciones del Estado mexicano a garantizar a plenitud el derecho de acceso a la información medioambiental”, indicó.

Añadió que la existencia de este acuerdo internacional, “es pertinente, porque, como ustedes saben, la deforestación tiene graves consecuencias socioeconómicas, amenaza también la cultura y la supervivencia de poblaciones que dependen de los bosques, y al mismo tiempo incentiva conflictos sociales por la competencia de los recursos naturales”
Subrayó que “esto no lo digo yo, lo advierte la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura”, expresó la Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, al exponer el caso ante el Pleno.

Detalló que, de acuerdo con el último estudio realizado por la Profepa, hay 122 zonas críticas forestales en 20 estados de la República, como consecuencia de distintos ilícitos, como la tala clandestina, el lavado de madera, los incendios forestales provocados y la delincuencia organizada.

Ibarra Cadena resaltó que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) cuenta con programas que contrarrestan la tala ilegal y deforestación, sumado a que la Profepa ha realizado diversos operativos contra la tala ilegal, uno en San Miguel Ajusco, Tlalpan, donde se aseguraron cinco mil 595 metros cúbicos de madera, impuso la clausura total temporal del centro de almacenamiento y transformación, y evalúa posibles multas que pueden ir desde los nueve mil 622 pesos hasta más de un millón de pesos.

En particular solicitó a la Profepa, para los años de 2018 a 2022, la cantidad de árboles que fueron talados ilegalmente en el bosque del Ajusco y en la zona boscosa de San Miguel Topilejo, en la Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, así como la superficie afectada, personas detenidas y materiales sustraídos.

El sujeto obligado se dijo incompetente para conocer de lo pedido, y orientó a presentar la solicitud a la Semarnat y a la Fiscalía General de la República, por lo que la persona solicitante presentó ante el INAI un recurso de revisión.

En el análisis del caso, Ibarra Cadena, determinó que, contrario a lo señalado en la respuesta, el sujeto obligado, sí puede conocer de los contenidos solicitados, porque conforme a las atribuciones analizadas en el Reglamento Interior de laT, la Profepa, a través de la Dirección General de Inspección y Vigilancia Forestal, y la Dirección General de Delitos, Conmutaciones, Denuncias y Quejas, se encarga de aplicar la vigilancia forestal y, en su caso, presentar las denuncias por hechos probablemente constitutivos de delitos contra el medio ambiente.

Por unanimidad, el Pleno del INAI determinó modificar la respuesta de la Profepa y le ordenó asumir competencia y hacer una nueva búsqueda respecto de la cantidad de árboles talados de manera ilegal en el bosque del Ajusco y en la zona boscosa de San Miguel Topilejo, en la Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, así como la superficie afectada y las personas que han sido detenidas.