La presidenta y su primer ministro son responsables de las muertes que se han registrado en los últimos días y ameritan su renuncia al cargo
23 de diciembre de 2022.- La crisis política se ahonda en el Perú y parece no tener fin, en medio de las protestas que protagonizan simpatizantes de Pedro Castillo con enfrentamientos con la policía y el ejército y aun cuando las organizaciones sociales han acordado una tregua por las fiestas de fin de año, y han dicho que a partir del 3 de enero reactivaran sus acciones.
A esta crisis se suma lo anunciado por la congresista Sigrid Bazán, quien asegura que la mandataria peruana ha cometido «una infracción constitucional» por violar supuestamente los Derechos Humanos de los manifestantes.
«Yo estoy presentando a disposición de mi bancada un proyecto de acusación constitucional contra la señora Boluarte por violación a los Derechos Humanos, algo que consideraría yo una infracción constitucional», aseveró Bazán.
Juntos por el Perú, ha decidido apoyar la moción de Bazán y presentar la denuncia contra la mandataria, pero es claro que no será el único problema que enfrentará en el período inmediato
La congresista quien una semana antes presentó una moción de censura con el ahora ex primer ministro Pedro Angulo dijo que el gobierno de Boluarte no tiene sentido ni rumbo.
«Estoy presentando ya mi voto de confianza en contra de un Ejecutivo de la señora Boluarte que de cambios no ha tenido nada. Finalmente nos hemos aunado a las voces de que ella debe renunciar”.
Adelantó que no dará voto de confianza al nuevo gabinete liderado por el primer ministro, Alberto Otárola, quien ha tomado juramento de su cargo este miércoles.
«Lo que estamos viendo en esta gestión es un divorcio absoluto con el ser humano. Que no se haga nada y más bien se premie al ministro de Defensa por asesinar personas. Se ha matado a mansalva y eso lo está recogiendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)», sentenció.
Juntos Por el Perú ha anunciado que ha presentado un proyecto de ley para intentar que la Asamblea Constituyente sea sometida a un referéndum, en modo de que la población decida si esta figura se aplica.
«Los peruanos tenemos que recurrir a la justicia internacional toda vez que los hechos descritos de violaciones flagrantes de derechos humanos con suspensión de la vida de las víctimas, que hacían uso de su derecho político a manifestarse sobre una coyuntura política, ha sido avalado en una reunión de la junta realizada en Palacio de Gobierno», señaló Margot Palacios de Perú Libre.
Aseguró que denunciaron a la mandataria y su primer ministro, Alberto Otárola, han sido demandados por genocidio ante la ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como responsables directos de las 21 muertes que se han registrado durante las protestas de los últimos días.
