Con compensación económica, estudiantes del IDA otorgaron el perdón legal a funcionarios de la UAEH para dar fin al proceso penal.
A casi un año y medio del enfrentamiento entre estudiantes del Instituto de Artes (IDA) y trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) en el Centro Cultural La Garza, el proceso penal dio fin con el perdón legal de los estudiantes hacia los funcionarios educativos.
Los alumnos afectados otorgaron el perdón legal a los funcionarios universitarios implicados en las agresiones del 19 de septiembre de 2023 a cambio de una compensación económica de 60 mil pesos para cada uno.
Durante la audiencia, la jueza de control penal de Pachuca explicó que el delito de lesiones con agravante de pandilla se persigue por querella, lo que permite extinguir la acción penal si las víctimas otorgan su perdón.
Al no existir oposición por parte de los siete estudiantes afectados, la jueza resolvió procedente la solicitud, lo que llevó al Ministerio Público a desistirse de interponer una apelación.
Entre los funcionarios acusados se encontraban Óscar “N”, Ashley “N”, Humberto “N”, Juan Carlos “N” y Jorge “N”, este último encargado del área de Protección Universitaria. También figuraba el expresidente del Consejo Estudiantil, Esteban Rodríguez Dávila, quien logró un acuerdo en octubre de 2024 para librar el proceso mediante un pago por reparación del daño.
Con la extinción de la acción penal, la jueza levantó las restricciones impuestas a los acusados, quienes ya no deberán firmar periódicamente en el juzgado ni tienen prohibido acercarse a las víctimas. Además, podrán continuar en sus funciones dentro de la UAEH.
Enfrentamiento entre autoridades de la UAEH y estudiantes desata paro
El conflicto tuvo lugar el 19 de septiembre de 2023, cuando los estudiantes irrumpieron en el recinto para exigir la renuncia de la entonces directora del Instituto de Artes, María Teresa Paulín Ríos, a quien acusaban de abusos contra el alumnado.
En la confrontación resultaron heridas cerca de 20 personas, lo que llevó a la comunidad estudiantil a declarar un paro de actividades en demanda de justicia. Aunque las clases se reanudaron tras un mes, el proceso legal continuó.
