El diputado Sergio Gutiérrez Luna propone fortalecer el diálogo y la libre expresión de ideas sin utilizar recursos públicos
Ciudad de México, a 10 de marzo de 2022.- El diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para la interpretación y alcance del concepto de propaganda gubernamental contenido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Federal de Revocación de Mandato.
La iniciativa establece que la propaganda gubernamental debe entenderse bajo cualquier modalidad de comunicación social, con cargo al presupuesto público, etiquetado de manera específica para ese propósito, por una entidad pública, con el fin de difundir el quehacer, acciones y los logros o información de interés público inherente al bienestar de la población, deberá ajustarse a lo señalado en el artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Política.
Desde la tribuna del salón de plenos, el diputado morenista Gutiérrez Luna, explicó que el objeto de la iniciativa es interpretar el alcance del concepto de propaganda gubernamental en primer término; en segundo término, el principio de imparcialidad; y en tercer término la aplicación de sanciones contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley Federal de Revocación de Mandato.
Dijo que, se pretende dejar claro la intención y las disposiciones legales respecto de la propaganda gubernamental, porque tiene que ver con el uso de recursos públicos.
Agregó que en las vedas se prohíbe a los entes públicos hacer propaganda gubernamental, y debe de ser entendida solo como en la utilización de recursos públicos, más no una limitación que se extienda a las opiniones, manifestaciones o comentarios que realizan diversos servidores públicos, que en su calidad de ciudadanos tienen derecho a hacer.
Explico que la restricción, es para que no se abuse de los recursos del pueblo para hacer promoción, pero nunca con la intención de coartar el derecho de libertad de expresión de las personas, ni para limitar el derecho a la información de los ciudadanos para recibir esas ideas, y que con base en eso formen su criterio.
Considera el legislador que hay una distorsión en la interpretación de los órganos electorales, en la que cada vez restringen más la manifestación de ideas, ya sea de viva voz, en redes sociales o en entrevistas para los servidores públicos, ha llegado al absurdo.
Subrayó que las restricciones que ha establecido el Tribunal Electoral violentan el artículo 29 constitucional, al limitar las garantías de derechos humanos que tienen los ciudadanos.
Añadió que la inercia de los órganos electorales y los tribunales viola el principio de progresividad del artículo primero constitucional.
“Debemos abonar a un Estado y a un marco normativo, donde los derechos fundamentales sean progresivos y no restrictivos”.
