Consideran que acuerdo para colocar proyectos de infraestructura como seguridad nacional puede dar lugar a corrupción y arbitrariedades
Por Ali Figueroa
Según el CEESP, el acuerdo del gobierno para manejar su infraestructura como tema de seguridad nacional presenta riesgos para la economía e instituciones.
De acuerdo con especialistas del sector privado, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tomó dos decisiones importantes con respecto al manejo de las instituciones públicas. En primer lugar, durante la reunión de Líderes de América del Norte el mandatario refrendó su intención de mantenerse en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Asimismo, pese al respeto expresado frente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Banco de México (Banxico), el ejecutivo publicó un acuerdo que exime de licitaciones, dictámenes, y obligaciones de permisos a las obras de infraestructura gubernamental. Bajo esta línea, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) informó para NotiPress, estas decisiones presentan un panorama de posible arbitrariedad que facilitaría la corrupción sobre las instituciones.
El acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) estableció que las obras de infraestructura del gobierno se consideran asuntos de seguridad nacional e interés público. En consecuencia, los proyectos del legislativo tienen prioridad al ser considerados clave en el desarrollo del país. La investigación del CEESP destacó como problemáticos dichos lineamientos publicados en el DOF, principalmente por la actitud del gobierno de la 4T ante las instituciones públicas. En los primeros tres años de gestión se presentaron incidentes clave con las instituciones, donde resaltaron la excepción de regulaciones y obligaciones por parte de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER). Otros hechos de relevancia son las presiones realizadas ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).
Ante la gestión del gobierno y los incidentes de regulación, las repercusiones sobre la economía se reflejan en la caída de su actividad, comentaron especialistas del sector privado. Según datos proporcionados en el comunicado a la agencia de noticias, la expectativa de crecimiento en respuesta al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 cerró en 2%, con un promedio anual de 1% en los próximos 6 años. Por su parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) informó, entre 2018 y 2020 la pobreza aumentó 3.8 millones, mientras 15.6 millones perdieron acceso a servicios de salud.
En opinión de este sector, la medida deseable por parte del ejecutivo es construir mejoras de regulación que contribuyan al funcionamiento de las instituciones y gestión adecuada de los proyectos de infraestructura. Si bien la tramitología es pesada, costosa y lenta, la solución no radica en eximir al gobierno por medio del acuerdo y dejar los costos en manos de las instituciones. «Además de generar dudas sobre su constitucionalidad y legalidad, el acuerdo es un ataque frontal a la institucionalidad que por años se ha construido para evitar la corrupción», comentó el CEESP.
