En el senado de la República, el exjefe de Gobierno urgió la creación de esta ley que fue propuesta también por él en el 2020. Titulares de la SEGOB, SEDENA, SSPC, Marina y Guardia Nacional, estuvieron de acuerdo.
Ciudad de México.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) coincidió en la urgencia, como propuso desde hace un año el Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD), de contar con una ley general en materia de ciberseguridad que prevenga y sancione conductas ilícitas en el ciberespacio, mediante la tipificación de los delitos cibernéticos.
Durante la comparecencia de la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, el coordinador del GPPRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa señaló que, de acuerdo con el informe anual de actividades de la dependencia, se atendieron 21 mil 290 reportes en materia de ciberseguridad.
“¿Está de acuerdo en que el marco jurídico para prevenir, combatir y sancionar los actos delictivos cibernéticos hoy está totalmente disperso?, ¿considera necesaria y oportuna una ley que coordine, una ley general en materia de ciberseguridad?”, cuestionó.
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana respondió que el Gobierno Federal irá de la mano con el Poder Legislativo para hacer frente a este delito, con una legislación adecuada al nivel de crímenes que se cometen. “Efectivamente, el delito avanza, los criminales avanzan y las leyes se quedan rezagadas, tenemos que estar a la altura de las circunstancias de estos delitos”, afirmó.
En septiembre de 2020, el coordinador del GPPRD presentó una iniciativa por la que se expide la Ley General de Ciberseguridad, la cual contempla la creación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad; penas, entre otras, de hasta 20 años de prisión y multas para quien cometa delitos en contra de sistemas informáticos y los usuarios.
Miguel Ángel Mancera también insistió en la necesidad de que el acompañamiento de las Fuerzas Armadas, como parte de la conformación de la Guardia Nacional, sea en apego a lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): Evitar que las Fuerzas Armadas se vean involucradas en problemas que pudieran afectar garantías y derechos fundamentales de los civiles.
“En el GPPRD seguimos estando en contra de mezclar y confundir las tareas y funciones militares con las de seguridad pública, ya que consideramos que una alta presencia militar acompañada de la intervención armada en actividades de la seguridad común puede convertirse en un riesgo para las propias instituciones armadas”, enfatizó.
Mancera Espinosa hizo un llamado a concretar acuerdos de coordinación interinstitucional con los estados y municipios, utilizando la inteligencia, a fin de avanzar en la desarticulación de las grandes organizaciones criminales que tanto daño causan al país.
“Quiero reconocer a los compañeros de la Guardia Nacional que patrullan las carreteras, quiero decirle que he encontrado a muchos de ellos que cuentan incluso, con especialidades y maestrías, valdría la pena buscar dónde es que estaban antes adscritos para no desperdiciar ese talento y ese grado de profesionalización que han alcanzado”, concluyó.
