Se acusa al matrimonio de Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León y Mariana Rodríguez Cantú, titular de ‘Amar a Nuevo León’ vulnerar los derechos de un menor de cinco meses, al ser sustraído del Centro de Asistencia ‘Capullos’ y revelar datos de su identidad
La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA), del Sistema Nacional Para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), da un plazo de 72 horas al DIF estatal para que se informe sobre el proceso de “adopción temporal” de Emilio de cinco meses, exhibido en redes sociales por el matrimonio de Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León y Mariana Rodríguez Cantú, titular de ‘Amar a Nuevo León’.
Los hechos se desencadenaron tras hacer público, en las redes sociales del matrimonio, la custodia temporal, el rostro del bebé y de proporcionar información de los problemas de salud que enfrenta, de quien se encuentra bajo los cuidados del Centro de Asistencia Social ‘Capullos’.
Así, PFPNNA, señala que desde el pasado 15 de enero, requirió a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Nuevo León información sobre el supuesto “proceso de adopción por un fin de semana” o cualquier otro medio alternativo (“permiso de convivencia familiar”), que justifique la salida del menor del centro de asistencia.
Indica que, una vez realizado el análisis respectivo, se determinarán las medidas que resulten procedentes.
Se señala la violación de los derechos a la intimidad y a la protección de datos reconocidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, luego que además la publicación que hiciera en mencionado matrimonia, fuera replicado por medios de comunicación, por tal pide se emprendan acciones administrativas y jurisdiccionales necesarias para proteger los derechos vulnerados del menor.
De acuerdo con las declaraciones publicadas por el multicitado matrimonio, el niño se encuentra bajo el cuidado de un Centro de Asistencia Social público que depende del Sistema Estatal DIF Nuevo León, y no del Sistema Nacional DIF; no obstante, con base en la competencia entre federación y entidades federativas, dispuesta en la Ley, se dijo la PFPNNA realizará las acciones necesarias para proteger el Interés Superior de la Niñez en este caso.
La PFPNNA exhorta a las autoridades, a la población en general y a los medios de comunicación, a respetar irrestrictamente los derechos de niñas, niñas y adolescentes.
También informa que el 15 de enero se hizo del conocimiento del área competente de la Secretaría de Gobernación para que se inicien los procedimientos administrativos correspondientes a la actuación de algunos medios de comunicación en este caso.
Se enfatiza que la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del SNDIF reprueba todo tipo de procesos adoptivos o de acogimiento familiar que atenten contra el principio convencional y constitucional del Interés Superior de la Niñez.
Señalan que, es necesario que toda persona o familia interesada en un proceso de adopción cuente con un certificado de idoneidad, el cual solo puede ser expedido por el Sistema Nacional DIF, los Sistemas Estatales y las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, pues sin este documento resulta jurídicamente imposible realizar la asignación de una niña, niño o adolescente en adopción.
Indica que en caso de que el cuidado alternativo brindado al niño involucrado hubiese sido un acogimiento familiar, también deben observarse los requisitos y el procedimiento establecido en la ley.
Anunció que se emprenderá un diálogo con las autoridades competentes del estado de Nuevo León para revisar su normativa en materia de adopción, así como el esquema operativo, con el fin de impedir prácticas que atenten contra la salud emocional y el sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes que requieren de una adopción.
La organización Save The Children acusó que el menor fue sustraído del resguardo del DIF estatal por una persona con la que no tienen ninguna clase de vínculos y alertó que por esta razón, los derechos a la privacidad e identidad fueron violentados por la pareja y muestran el deterioro institucional de los organismos dedicados a la salvaguarda de los menores más vulnerables.
