La diputada local explicó que con este proyecto de reforma se dan pasos firmes en favor de los derechos fundamentales de la familia
Pachuca, Hidalgo.- La diputada Areli Rubí Miranda Ayala, presentó una iniciativa de reforma ante el Congreso del estado, para impedir que deudores alimentarios, así como personas condenadas por delitos contra la libertad sexual, de género o violencia familiar, puedan ser miembros de un Organismo Descentralizado de Gobierno en Hidalgo.
Miranda Ayala, señaló que esto a través de una reforma a la fracción IV del artículo 24, de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Hidalgo, cuyo objetivo es proteger la institución más fuerte que tiene el Estado, la cual es “la familia”, así como el respeto a sus integrantes y coadyuvar en la disminución de la violencia en contra de las mujeres que durante años han sido maltratadas, abusadas y sobajadas.
La diputada local explicó que con este proyecto de reforma se dan pasos firmes en favor de los derechos fundamentales de la familia, los menores adolescentes y las mujeres en vulnerabilidad, al realizar acciones afirmativas para avanzar en el mejoramiento y reivindicación del servicio público.
“Debemos de contribuir al profesionalización del servicio público, no únicamente a la capacidad intelectual o laboral del servidor, sino que ingresen personas con valores y convicción, que respeten los derechos de las personas y que sean el ejemplo que la ciudadanía espera de sus gobernantes”, aseguró.
Areli Miranda Ayala, mencionó que las actuaciones de los servidores públicos deben contribuir a la mejor convivencia social, a robustecer el respeto entre las personas y su convicción del servicio debe ser primordial.
“Nada de esto se puede lograr si dentro de su esfera personal y privada no promueve y practica los ideales de fraternidad, igualdad y respeto a los derechos de las niñas, niños adolescentes y mujeres, así como respetar la base de la sociedad que es la familia”, dijo.
Agregó que promueve esta iniciativa porque la constante violencia que se produce en los diversos centros de trabajo y que es provocada por servidores públicos de distinto nivel jerárquico a quienes no les queda claro que la violencia es cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.
Asimismo, manifestó que con esta propuesta no se transgrede el derecho a la igualdad y no discriminación, o el derecho a la libertad del trabajo o la reinserción social.
