El Poder Judicial es la autoridad competente para emitir sanciones y penas, por lo que sus atribuciones no dependen de una consulta popular
México.- El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), a través de su cordinador, el diputado Tonatiuh Bravo Padilla, se pronunció por el cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de las leyes que de ella emanan.
La bancada aseveró que “en una consulta popular no se puede someter a escrutinio el cumplimiento de las leyes”.
Las y los diputados señalaron que en la pregunta “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?” promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se encuentran serios tintes de ilegalidad.
En primer lugar, señalaron, tal como lo establece el artículo 102 de la Constitución, la entidad competente de investigar los delitos es la Fiscalía General de la República (FGR), que es un órgano público y autónomo, por lo que es inconstitucional e improcedente someter a consulta sus obligaciones constitucionales y legales.
En segundo lugar, como lo indica el artículo 94 constitucional, el Poder Judicial es la autoridad competente para emitir sanciones y penas, por lo que sus atribuciones no dependen de los resultados de una consulta popular, ya que sería cuestionar sus obligaciones constitucionales y legales.
“Si el Presidente de la República tiene indicios y elementos que prueban que los expresidentes de México cometieron un delito, nada le impide que presente la denuncia ante la FGR”, aseguró Bravo Padilla.
Asimismo, argumentó que en términos del artículo 4 constitucional todas las personas somos iguales ante la ley, por lo tanto una consulta popular respecto de “investigar y sancionar delitos cometidos antes y después de las respectivas gestiones de los expresidentes, es claramente contraria al principio de igualdad ante la ley”.
“Es incongruente que en una coyuntura de crisis sanitaria y económica, y en un supuesto marco de austeridad, se pretenda dilapidar los recursos públicos en vendettas políticas que no tienen sustento jurídico”, finalizaron los diputados de Movimiento Ciudadano.
