Además de la Reducción de jornada laboral y la Ley de Aguas, diputados también tendrá que reformar el Código de Justicia Militar y el Código Militar de Procedimientos Penales en diciembre
En el último mes de su período ordinario de sesiones la Cámara de Diputados se perfila a discutir reformas trascendentes como la Reducción de la Jornada Laboral de 48 a 40 horas y a cumplir mandatos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para legislar ciertos temas.
Será antes del 15 de diciembre cuando se someta a votación ante el Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa para reducir la jornada laboral, de acuerdo con la promovente, diputada Susana Prieto Terrazas.
Sin embargo, aún faltaría el aval del Senado de la República y 17 Congresos locales para entrar en vigor.
El dictamen de reforma al artículo 123 de la Constitución podría ser modificado para agregar una cláusula que permita que la reducción de la jornada laboral sea gradual con el fin, según diputados del PAN, de no afectar a las pequeñas y medianas empresas.
En las últimas semanas, en San Lázaro también se discutirá la Ley General de Aguas para dar cumplimiento a una orden de la Suprema Corte.
La Ley General de Aguas es un proyecto de ley que busca regular la sobreexplotación de los recursos hídricos, a través de la creación de un marco que permita revisar cada una de las concesiones de agua en el país.
Así también, se discutirá una reforma a la Ley Nacional Registro de Detenciones para prever las acciones que el personal de dicho registro deberá realizar cuando ocurran hechos que pongan en riesgo su base de datos.
Otro tema pendiente que también será abordado son los llamados derechos de las audiencias que consiste en que los medios de comunicación precisen en sus publicaciones cuando se trata información y cuando es una opinión, en acatamiento de un fallo de la Suprema Corte que invalidó la contrarreforma del 2017 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Por otro lado, la Cámara de Diputados también tendrá que reformar el Código de Justicia Militar y el Código Militar de Procedimientos Penales, previa consulta con comunidades indígenas y afromexicanas y personas con discapacidad.
