Participan expertos, funcionarios y especialistas del sector energético
Ciudad de México, 24 de febrero de 2022.- Durante el Foro 25 del Parlamento Abierto sobre la iniciativa de reforma eléctrica, expertos, funcionarios y especialistas abordaron el tema “Decisiones del Poder Judicial en materia energética”.
Nancy Jocelyn Jiménez Camacho, jefa de oficina del jurídico de la CFE, Intermediación de Contratos Legados, señaló que las resoluciones del Poder Judicial en ocasiones han sido excesivas al faltar al artículo primero constitucional.
Mencionó que la electricidad es un área estratégica que debe ser planeada de forma organizada y que se le considere como un bien jurídico tutelado por derechos humanos.
Miguel Zárate, abogado litigante, dijo que la propuesta del Ejecutivo limita la inversión sobre todo en generación de electricidad, lo cual se traduciría en un oligopolio que no funcionaría.
Indicó que desaparecer los órganos reguladores sería un error, porque trabajan y funcionan bien.
Con postura a favor, Eduardo Méndez, profesor de Derecho Económico en la UNAM, externó que la SCJN ha asumido cuestiones que inevitablemente tienen que ser y que sencillamente no hay otra alternativa.
Daniel Amézquita, litigante administrativo y constitucional, aseguró que se ha dado una nueva dimensión a derechos individuales, como el de libre competencia y acceso a los mercados, así como la protección al medio ambiente y la salud, pero ha habido ataque y revisión de ciertas modificaciones a partir de 2019 cuando un acuerdo de la CRE modificó los certificados de energía limpia.
Nancy Jocelyn Jiménez comentó que estas modificaciones normativas no son un capricho, sino que buscan enmendar agravios causados al usuario final, originados a través de los manuales del mercado, lo cual se cobra en los recibos; de ahí la importancia de que los jueces conozcan la materia.
Miguel Zárate enfatizó que el tema de medio ambiente debe ser ponderado de otros derechos, porque este repercute en temas de salud.
Planteó la necesidad de trabajar para hacer asequible la energía y que las empresas tengan herramientas para impulsar la inversión.
Daniel Amézquita aclaró que las figuras de autoabasto y cogeneración tienen un plazo de 20 años y no se pueden renovar, además de que es falso que la SCJN haya decretado su inconstitucionalidad.
Eduardo Méndez Sánchez enfatizó que toda generación tiene derecho a cambiar su Constitución, así como las reglas, parámetros y principios sobre los cuales quiere organizarse.
Puntualizó que se debe revisar el autoabasto, ya que conociendo más datos se observa que se viola la Constitución y la ley, y que particulares, lejos de utilizar las ventajas, han hecho un doble negocio.
