El grupo legislativo del PRI presentó una iniciativa para eliminar la discriminación en el Estado.
Las Diputadas María Luisa Pérez Perusquía, Mayka Ortega Eguiluz y Adela Pérez Espinoza, y los Diputados Julio Manuel Valera Piedras y José Luis Espinosa Silva, integrantes del grupo legislativo del PRi (GLPRI) en el Congreso del estadio, presentaron una iniciativa que reforma la ley para prevenir, atender, sancionar y eliminar la discriminación en el estado de Hidalgo.
El propósito de esta iniciativa, explicó Julio Valera Piedras, “es el de reformar la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Eliminar la Discriminación en el Estado de Hidalgo para conceptualizar como violencia institucional la discriminación proveniente de los servidores públicos para hacer una clara diferencia con la discriminación que ejercen otros sujetos sociales de la vida pública y privada”.
Con ello, explicó, “se dará mayor visibilidad al problema y se podrán diseñar estrategias más asertivas para erradicar esta práctica entre los funcionarios públicos”.
“La violencia institucional se define como los actos u omisiones de servidores públicos que discriminan o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas, grupos o comunidades”, señaló Valera Piedras.
Valera Piedras informó que “de acuerdo con el Censo Nacional de Derechos Humanos Federal y Estatal 2020 hecho por el INEGI, en 2019 aumentó 34.7%, con respecto a 2018, la cantidad de servidores públicos sancionados por recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y Organismos Protectores de los Derechos Humanos (OPDH), pues pasaron de 588 reportes a 792”.
Específicamente, destacó el legislador priista, “el 43.3% de los servidores públicos sancionados por los OPDH provenían de una institución encargada de la función de seguridad pública o vialidad en el ámbito municipal, 26.2% provenían de una institución encargada de la función de seguridad pública y/o vialidad en el ámbito estatal, 9.9% de la presidencia municipal, 8.2% de la PGJ y el 3.9% de la SEP”.
«Por esta razón, se buscó reforzar con eventos de capacitación y difusión para el fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos en donde la CNDH reportó 450,054 servidores públicos que asistieron a este tipo de eventos, siendo 340,790 del ámbito federal, 102,875 del estatal y 6,389 del municipal”, precisó Valera Piedras.
Por tanto, refirió Valera Piedras, “se propone establecer como un objeto de la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Eliminar la Discriminación en el Estado de Hidalgo el garantizar la no violencia institucional en contra de personas, grupos o comunidades, así como la debida diligencia en la actuación de los servidores públicos”.
“Así mismo, definir a la violencia institucional como aquellos actos u omisiones de servidores públicos que discriminan o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas, grupos o comunidades, también, se incluye contemplar como medida preventiva en contra de la discriminación y a efecto de garantizar condiciones de igualdad en el acceso a derechos y oportunidades el generar mecanismos para garantizar el respeto, la no discriminación y la no violencia institucional por parte de los cuerpos de seguridad y servidores públicos”, concluyó.
