Tutotepec y Orizatlán: La insensibilidad de dos alcaldes

La obligación de cualquier ayuntamiento es servir al conjunto de ciudadanos que se encuentren dentro de su jurisdicción, es decir a sus gobernados; mantener el orden, la seguridad y la paz social


Por Sergio Pasarán

La obligación de cualquier ayuntamiento es servir al conjunto de ciudadanos que se encuentren dentro de su jurisdicción, es decir a sus gobernados; mantener el orden, la seguridad y la paz social; administrar los recursos públicos y con ellos resolver las necesidades de servicios para los ciudadanos. Sin embargo, es la indolencia la principal característica de las administraciones municipales de San Bartolo Tutotepec y San Felipe Orizatlán; sus funcionarios, en lugar de preocuparse por cumplir su tarea, le niegan sistemáticamente a la población los derechos más elementales, ¿a qué se debe esta negativa a proporcionar los servicios básicos a las comunidades más necesitadas?, ¿por qué se les obliga a manifestarse para exigir la ejecución de obras y la entrega de apoyos que les acercarían el progreso y con ello mejores condiciones de vida?

La mayoría de las veces, los gobernantes en turno persiguen el poder por el poder mismo, para beneficio de alguna familia o grupo político. Por ello, cuando se trata de cumplir con los objetivos para los que fueron electos, objetivos que además están consagrados en nuestra Carta Magna, los titulares de las dependencias esgrimen una serie de pretextos y justificaciones que contradicen el espíritu de las leyes y el derecho de los ciudadanos. Además, a los funcionarios se les olvida que están para servir, se atrincheran en su oficina y acceder a tan importantes personajes se vuelve casi imposible para el ciudadano común, pues el señor “siempre está muy ocupado” o nunca se encuentra en su lugar de trabajo, como en el caso de algunos alcaldes.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha señalado que en el municipio de San Bartolo Tutotepec el 76.8 por ciento de la población vive en pobreza; pero ahí, su alcalde se niega a ejecutar obras de infraestructura básica, con el argumento de que “no tiene ningún compromiso con la gente que no votó por él”. La poca disposición para atender las necesidades de sus gobernados ha sido una de las características de la administración del alcalde priista Uriel Trejo Islas, a quien poco le importa que siete de cada diez pobladores no tenga acceso a los servicios básicos en sus viviendas, que la mitad de los ciudadanos de su municipio no tenga acceso a la alimentación, que el 87 por ciento de los sanbartolenses no pueda acceder a la seguridad social y que el 40 por ciento padezca en rezago educativo. El personaje, que se sienta muy cómodo en la silla de su despacho, olvida que cuando contendió para ocupar el cargo lo hizo para gobernar a los más de 19 mil otomíes que habitan el municipio. Hoy, como funcionario público, debe atender a toda la población. Pues además, el presupuesto del que dispone proviene de las contribuciones de todos, hayan votado o no por él. Estos recurso deben emplearse en la introducción de agua potable, drenaje, energía eléctrica y pavimentaciones; necesidades apremiantes para los habitantes de uno de los municipios más pobres, no sólo del estado, sino de todo el país.

Y éste es también el panorama que se vive en San Felipe Orizatlán, municipio de la Huasteca, enclavado en una zona rica por su belleza natural, pero en el que se puede apreciar

otro paisaje; uno lastimoso, de rostros hambrientos, uno de miseria en el que las miradas expresan el dolor del alma enlutada de sus pobladores, cuyo único crimen fue haber nacido en el seno de una familia humilde; el pueblo de Orizatlán lucha por mejores servicios, oportunidades y empleo; pero cada noche se duerme con la incertidumbre de saber si al día siguiente conseguirá algo para comer. Al edil de San Felipe Orizatlán, el panista Raúl Valdivia Castillo, nunca se le puede encontrar en el ayuntamiento a su cargo. El contacto de los ciudadanos con su administración se limita a breves entrevistas con el secretario municipal, quien parece desconocer que el 81.6 por ciento de la población vive en pobreza, que va de “moderada a extrema”, términos oficiales para evitar decir que la gente se está muriendo de hambre. Con la mano en la cintura, la respuesta reiterada e indolente de los funcionarios ha sido que el presupuesto ya estaba asignado, que se habían puesto de acuerdo con los delegados para destinarlo, como si no fuera del dominio público que la mayoría de las autoridades auxiliares se encuentran al servicio del ayuntamiento, y que en realidad esta figura sirve para contener las peticiones de las comunidades, que demandan obras y servicios.

Ante el mar de necesidades en que naufragan sus gobernados, ¿qué esperan ambos presidentes para poner manos a la obra?, ¿qué necesitan para atender a su pueblo, que se muere de hambre?, ¿no les duele su miseria? Todo parece indicar que estos personajes, que ostentan el poder político en sus municipios no conocen el significado de “pobreza” y tampoco entienden la realidad en la que viven sus gobernados. Olvidan que en la región es preciso caminar varios kilómetros antes de poder conseguir agua; no conocen el dolor y la impotencia al ver morir a un familiar porque no hay clínicas de salud cercanas para atenderlo o porque no existen los caminos para trasladarlo a donde sí las hay; no viven en precarias viviendas esperando eternamente un apoyo oficial que se les niega una y otra vez; y sus hijos tienen garantizado el derecho a la educación, por eso no resienten la falta de escuelas con cupo y calidad suficientes; no saben, en fin, lo que es mirar con indignación que los responsables de dotar de servicios al pueblo estén más preocupados por sacar adelante una elección, o viendo cuánto se echarán al bolsillo cada mes.

No importa cuáles sean las razones que para actuar así tienen estos señores y el grupo cerrado de poderosos al que representan; todas son ilegales, todas ilegítimas. Los gobiernos municipales están obligados, por ley, a atender a todos los ciudadanos y están obligados, también por ley, a otorgar vivienda, salud y educación, a dotar de agua potable, etc., a sus gobernados. Así que los indígenas huastecos y los otomí-tepehuas no cejarán en la lucha por mejores condiciones para sus familias; por ello, en los próximos días acudirán por enésima ocasión a protestar por la falta de atención y soluciones a sus problemas; pero ahora acudirán miles de ellos a las sedes de las administraciones municipales, sus apremiantes carencias los obligan, no les han dejado otro camino la insensibilidad y el ninguneo de que son objeto.

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