roberto cienfuegos

En torno a la tan llevada y traída reforma electoral que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, uno se pregunta si esa iniciativa aún con todas las bondades que le adjudican su principal impulsor, los legisladores inscritos en Morena, y al menos un sector ciudadano, que profesa lealtad a toda prueba al movimiento de la Cuarta Transformación, uno se pregunta –insisto- si es una iniciativa clave para México en estos precisos momentos. También se pregunta uno si acaso es más bien clave y/o definitiva para un presidente que da señales de incertidumbre sobre su futuro personal, político y aún del movimiento o causa que lo llevó al poder hace cuatro años. Más todavía, una tercera pregunta, esa reforma desdeña o, peor aún, elimina y desoye a los miles de ciudadanos mexicanos que se lanzaron a las calles el 13 de noviembre pasado para pronunciarse a favor del Instituto Nacional Electoral, un organismo que en prácticamente tres décadas ha dejado huella –no tan honda como debería, pero si sobrada- para garantizar el quehacer electoral de México. No hay duda alguna de esto, y lo sabemos todos los mexicanos porque lo hemos constatado en cada ejercicio comicial.

Hago estas tres preguntas a la luz de los empeños a rajatabla del presidente por tener un nuevo marco legal para las elecciones en México, algo que parece según demasiadas evidencias sólo urge a la Cuarta Transformación de cara a las elecciones que se vienen en el 2023 y un año más tarde. Uno entiende que el poder y su ejercicio son la esencia de la política, pero también debería estarse consciente de la existencia de marcos jurídicos a los que deben ceñirse ambos, y sobre todo sus protagonistas que somos todos, porque de otra forma, se abre el camino en las sociedades a la barbarie, a la imposición, y en última instancia –para decirlo de manera llana y simple- al desmadre de los países. Mire a ver a propósito de esto último el desastre que amenazó y aún persiste por el desconocimiento que intentó Donald Trump de las elecciones en Estados Unidos de noviembre del 2020, y su reciente llamado a terminar la Constitución estadunidense. ¡Insólito, pero más peligroso!

Es cierto que toda ley, marco jurídico, constitucional incluso, siempre resultan perfectibles como es inherente a cualquier obra humana. Pero también es cierto que cada uno de estos impulsos tienen su tiempo y su momento, generalmente atados a las circunstancias. ¿Requiere México justo ahora una reforma electoral y sobre todo un cambio profundo –constitucional como se planteó originalmente- del Ine y el sistema electoral, cuyo funcionamiento está comprobado? Usted, afable lector (a) tiene la respuesta.

Baste recordar el contexto o las circunstancias predominantes en México en este cierre del 2022. Hay problemas de todo tipo. Sólo referiré algunos: inseguridad, carestía, emigración al alza, falta de crecimiento económico, pobreza in crescendo, tráfico de drogas, diplomacia en retroceso, conflictos comerciales con el principal socio en la materia, violencia desmedida y con cifras históricas, desarticulación y extinción de organismos, obras millonarias cada vez más millonarias y cuya conclusión se alarga, pugnas intestinas en los partidos políticos, incluyendo a Morena, una sucesión presidencial adelantada que se desconoce a quién beneficia o beneficiará, conflictos laborales irresueltos –caso Notimex y en el Tribunal Superior de Justicia de la Cuidad de México, éste resuelto de última hora y bajo una presión intensa-; precariedad en los sistemas médicos y hospitalarios del país que repercuten en un deterioro de la salud de millones de mexicanos, y podemos añadir otros temas que harían muy larga esta lista de problemas. Entonces ¿urge una reforma electoral y el reemplazo del INE, al menos en estos momentos? Hago otra pregunta: ¿para qué pegar lo que no está roto? ¿Por qué tanta insistencia en el tema?

Más aún, y ante la eventual incertidumbre sobre el poder y su mantenimiento, que al parecer anima la propuesta para esos cambios del aparato electoral en México, indican o trasuntan que no se sienten tan seguros en Morena y entre sus líderes de retenerlo más allá del 2024. Los gobiernos, al menos en teoría, se preservan esencialmente con base en sus resultados, u obras de gestión. Si la mayor parte de los gobiernos de Morena y sobre todo el presidente tienen su conciencia tranquila sobre el éxito de sus gestiones, entonces deberían estar seguros de que seguirán haciendo cosas buenas al frente del país, lo que les garantizaría su permanencia en el poder. ¿O no?

Ya sufrió su primer revés la reforma electoral en el Congreso del país. Ahora se insiste en un denominado Plan “B”, cuyo destino parece más que cantado. ¿Para qué tanto desgaste en un tema que al menos no es urgente o que palidece a la luz de los problemas que verdaderamente agobian al país. Y si a esto añadimos la autoproclamación de que en México gobierna el mejor presidente de todos los tiempos, el segundo mejor evaluado del mundo, pues para qué tanto brinco estando el piso tan parejo. Inentendible. A menos, claro está, que tengan otros datos para declinar la proclama de “nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”. El Congreso ya habló.

@RoCienfuegos1