La Consejería Jurídica ha insistido en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no analice el proyecto del ministro Pérez Dayán que propone invalidar la primera parte del plan B electoral
Luego de que la Consejería Jurídica ha insistido en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no analice el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán donde se propone invalidar la primera parte del Plan B Electoral, el expresidente del INE, Lorenzo Córdova señala:
Privilegiar la lealtad por encima de la capacidad suele tener sus costos
Este domingo en una publicación en Twitter emitió un comunicado en el que afirma que, si los ministros invalidan el Plan B Electoral, se estaría violando el principio de división de poderes y sustituyendo al Congreso de la Unión.
A veces leer la Constitución (completa y no sólo lo que dogmáticamente nos interesa) puede ayudar a resolver conflictos trascendentales como el que hoy vive la Consejería Jurídica. Privilegiar la lealtad por encima de la capacidad suele tener sus costos #DemocraciaConstitucional https://t.co/4LoRp0FjN4
— Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) May 7, 2023
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La consejería afirmó que en el proyecto de sentencia de la acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas se omite también examinar la dispensa de trámite, es decir, el acuerdo por el que los legisladores aprobaron la primera parte del plan B al considerarlo de urgente resolución. Parte del debate político ante la definición en el máximo tribunal de la primera parte del Plan B de Reforma Electoral.
Lorenzo Córdova recomendó a la Consejería Jurídica de Presidencia de la República leer completa la Constitución mexicana y “no sólo lo que dogmáticamente”.
Esto, como respuesta al comunicado en el que el Poder Ejecutivo afirmó que si la Corte invalida la primera parte del Plan B Electoral “estaría sustituyendo al Congreso de la Unión”.
En el comunicado, se señala que la SCJN ha negado la petición para resolver en primer término las demandas presentadas en contra de la Ley General de Comunicación Social (LGCS) que están desde 2018.
Ante esta situación, la Presidencia argumentó que existen dos parámetros diferentes para revisar las leyes:
No para las leyes del régimen neoliberal, que no han sido dictaminadas en cinco años, y otro para las normas que buscan la transformación exigida por el pueblo de México, las cuales se resolverían en tres meses
Esto, debido a que el ministro instructor, Alberto Pérez Dayán, argumenta que no se cumplieron algunas formalidades del proceso legislativo, una afirmación que la Presidencia considera falsa.
La Consejería Jurídica criticó que el ministro ponente haya omitido tomar en cuenta los argumentos de las autoridades demandadas, lo cual, según ellos, va en contra de su obligación de examinar en su conjunto los razonamientos de todas las partes involucradas.
Además, se señala que el proyecto de sentencia no examina la dispensa de trámite, una atribución reglamentada de los legisladores que permite someter un asunto a discusión y votación sin pasar por comisiones.
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