Cerrarán investigaciones en casos SEPH, Olayet y Aparicio

En enero y febrero vencerán los plazos establecidos para las investigaciones complementarias

Por Oliver García

Los primeros dos meses del año vencerán los plazos para la investigación complementaria en las acusaciones que enfrentan el ex dirigente del PT, Arturo Aparicio Barrios; Pablo Pérez Martínez, ex funcionario de la SEPH, y los dos imputados en el asesinato de una ex trabajadora de la alcaldía capitalina.

El 15 de agosto, el ex comisionado político fue vinculado a proceso por violencia familiar, luego de que supuestamente agredió a Flor Ibarra Hernández. La jueza dio un plazo de cinco meses para la investigación complementaria.

Barrios fue sustituido por Javier Vázquez Calixto, quien mantiene diferencias con petistas del grupo del ex dirigente, como Humberto Pacheco Miralrío, alcalde de Mixquiahuala, y el diputado Miguel Ángel Peña Flores.
El 29 de junio, Olayet Cabrera Carranco, empleada del ayuntamiento de Pachuca, desapareció cuando acudió a cobrar 300 mil pesos de la nómina sin la seguridad adecuada, y fue hallada sin vida 19 días después.

Por los hechos, una compañera de trabajo y su esposo fueron vinculados a proceso el 27 de agosto y recluidos en prisión preventiva hasta este mes, cuando se cerrarán las indagatorias.

El 8 de noviembre, Pablo Pérez Martínez, ex subsecretario de Administración y Finanzas de la SEPH, fue detenido y al siguiente día fue vinculado a proceso por la distracción de 68 millones 795 mil 10 pesos, según la causa penal 354/2016.

Asimismo, por otras dos causas (355/2016 y 362/2018) el 11 de noviembre fue nuevamente vinculado por un presunto agravio al erario de 126 millones 871 mil 653 pesos y 491 millones 267 mil 803 pesos, que reclama el Poder Ejecutivo. En este mes vence el plazo para la investigación complementaria.

En tanto, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) tiene pendiente la captura de Sergio Islas Olvera, ex director de Radio y Televisión de Hidalgo (RTH).

El 14 de diciembre de 2017, luego de que aceptó su responsabilidad en el delito de negociaciones indebidas por 77 millones 919 mil 524 pesos en agravio del organismo estatal, el funcionario fue sentenciado (causa penal 84/2017) a dos años de prisión.

Puesto que el delito no es considerado grave, enfrentaría la condena en libertad a cambio de que devolviera la cantidad en un plazo de cinco días, además de ser inhabilitado por tres años del servicio público, pero huyó sin entregar el recurso.

Agencia La Verdad

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